Unión Europea frente a la Crisis Mundial Actual: Cambios en la ONU

Roberto Bissio, junio de 2009

La fe en la capacidad de los mercados de autorregularse se desmoronó tan rápidamente como se desplomaron las acciones en la calle del muro (Wall Street) en setiembre de 2008. El neoliberalismo que alentaba esa creencia está en retirada y los economistas vuelven a leer a Sir John Maynard Keynes, quien escribió en 1920: “Si un gobierno se abstiene de regular y deja que las cosas sigan su curso, los bienes esenciales pronto llegan a precios que sólo los ricos pueden pagar, el dinero pierde su valor y el fraude del que ha sido víctima la gente ya no puede ocultarse”.

Los gobiernos deben regular a los mercados e intervenir cuando fallan. De eso ya nadie duda. Pero, ¿a quién le toca hacer de bombero cuando lo que está en colapso es la economía globalizada?...

A falta de una gobernanza apropiada, los presidentes de las principales economías del mundo corren de cumbre en cumbre. El Grupo de los Ocho (G-8)* se va a reunir en Italia en julio. Con la excepción de Rusia, sus miembros son todos países en recesión y altamente endeudados, por lo que debieron abandonar su pretensión de dirigir solos la economía mundial y el primer ministro británico Gordon Brown resolvió desempolvar el G-20 -un grupo informal de ministros de Finanzas y gobernadores de bancos centrales de países considerados “sistémicamente importantes”- y transformarlo en un foro a nivel de jefes de Estado.

El G-20, ya realizó dos cumbres -en Washington en noviembre de 2008 y en Londres en abril de este año- y va a reunirse de nuevo en Pittsburg (Estados Unidos) en setiembre. Mientras tanto, en Ginebra, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) realizó una cumbre el lunes 15 de junio para discutir cómo salvar empleos en medio de la crisis, y en Katerimburg, en el corazón de la Federación Rusa, el martes 17 se celebró lo que oficialmente se dio en denominar “primera cumbre” del BRIC, el grupo formado por Brasil, Rusia, India y China, que antes sólo se había reunido informalmente.
La Asamblea General de las Naciones Unidas ha convocado otra cumbre sobre la crisis financiera y económica mundial para los días 24, 25 y 26 de junio, y una de las propuestas sobre la mesa es la creación de un Consejo Económico que ponga un poco de orden en este confuso panorama institucional, o mejor dicho de falta de instituciones apropiadas.

El investigador alemán Jens Martens, en un trabajo publicado por el Global Policy Forum, sostiene que “la debilidad estructural de las Naciones Unidas en el área económica y financiera es un defecto de construcción de la propia Carta de las Naciones Unidas”. La constitución de las Naciones Unidas define desde 1945 a la “cooperación internacional social y económica” como una de las tareas básicas y el Consejo Económico y Social (Ecosoc, por su sigla en inglés) es uno de sus órganos clave, junto a la Asamblea General, el Consejo de Seguridad, la Corte Internacional de Justicia de La Haya y la Secretaría General.Pero el Ecosoc no es un organismo autónomo como el Consejo de Seguridad, sino una dependencia de la Asamblea General, que puede formular recomendaciones pero no tomar decisiones. El Ecosoc tiene cincuenta y cuatro miembros -que rotan, por elección, entre los 192 países miembros de las Naciones Unidas-, un número demasiado grande para lograr un funcionamiento ágil y ejecutivo.

Así, desde mediados de los años ochenta, en diversas propuestas de reforma de las Naciones Unidas se ha sugerido la creación de un “Consejo Económico de Seguridad” con poder de decisión. La más reciente es la realizada en mayo por una comisión de expertos presidida por el premio Nobel de Economía Joseph Stiglitz e integrada por varios ministros de Finanzas, gobernadores de bancos centrales y ex directores de agencias de las Naciones Unidas.

La Comisión Stiglitz fue convocada por el sacerdote Miguel D' Escoto, presidente de la Asamblea General de las Naciones Unidas, para que asesorara sobre cómo responder a la crisis global. En su informe, la comisión identifica medidas de corto plazo para generar recursos de emergencia para los países más vulnerables y medidas de reformas necesarias para evitar nuevas crisis en el futuro. Entre ellas, recomienda establecer “un Consejo de Coordinación Económica Global” para “evaluar los acontecimientos y proveer liderazgo en temas económicos, tomando en cuenta factores sociales y ecológicos”.

El Consejo “promoverá el desarrollo, asegurará coherencia entre las políticas de las principales organizaciones internacionales y buscará la formación de consensos entre los gobiernos sobre soluciones eficaces y efectivas a los temas de gobernanza global económica, social y ambiental”.

Además, “promoverá la responsabilidad y rendición de cuentas (accountability) de todas las organizaciones económicas internacionales e identificará brechas a llenar para asegurar la operación eficiente del sistema económico y financiero mundial”.

El Consejo “se constituiría con representantes de las principales economías y de todos los continentes”, y “su tamaño será pequeño para permitir la toma de decisiones eficaz”. De lo que se trata, en esencia, es de un G-20 que funcione dentro de las Naciones Unidas, y no como un cuerpo ad hoc.

Tras largas negociaciones, el Grupo de los 77 (G-77) que nuclea a los países en desarrollo adoptó por consenso la propuesta, lo que significa que los países miembros a la vez del G-77 y del G-20 (como Argentina, Arabia Sauditas, Brasil, Sudáfrica, India, China e Indonesia) adhieren a la misma, o al menos no la objetan enérgicamente. Para el centenar de países en desarrollo que no son parte del G-20, traer a este foro informal al seno de las Naciones Unidas es la única manera de que las discusiones sobre el futuro de la economía del mundo se vuelvan transparentes y con alguna posibilidad de incidencia, al menos indirecta. Hasta el momento, sin embargo, tanto Estados Unidos como la Unión Europea y el grupo formado por Canadá, Australia, Nueva Zelanda y Japón objetan la idea.

La creación de este Consejo implica una reforma de la Carta de las Naciones Unidas y, por lo tanto, necesita de la aprobación de 128 países miembros, incluyendo entre ellos las cinco potencias con derecho de veto en el Consejo de Seguridad: Estados Unidos, China, Francia, Gran Bretaña y Rusia.

Una cuasi unanimidad difícil de conseguir. Pero si no se logra, ¿quién va a apagar el incendio?

* El G-8 está integrado por Alemania, Canadá, Estados Unidos, Francia, Gran Bretaña, Italia, Japón y Rusia. El G-20 son todos los miembros del G-8 más Arabia Saudita, Argentina, Australia, Brasil, China, Corea del Sur, India, Indonesia, México, Sudáfrica y Turquía, más un representante de la Unión Europea. En la reunión de Londres de abril de 2009 se sumaron, además, España y Holanda.

(1) Roberto Bissio es Coordinador de la Red SocialWatch.

© Este artículo fue publicado el 18 de Junio de 2009 en el suplemento semanal Agenda Global, publicado por La Diariade Montevideo, Uruguay.